Mes del Agua: Cómo está Chile en la protección de sus glaciares

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Para este 2025 la ONU ha llamado a poner especial atención a la conservación de los glaciares, que constituyen la principal reserva de agua dulce y están disminuyendo a gran velocidad a causa del calentamiento global. Chile posee una importante superficie de glaciares, especialmente en el sur, pero también en la alta montaña, desde donde proveen de agua potable a gran parte de la población. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostiene que el actual gobierno ha avanzado en su protección con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la reforma al Código de Aguas, y la Ley de Delitos Medioambientales. Sin embargo, otros personeros, como el director de políticas públicas del centro de Acción Climática de la PUCV, Alex Sánchez, y la vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos, Constanza Espinosa, consideran que es necesario tener una ley especial sobre glaciares, que no se ha logrado concretar a pesar de existir 6 iniciativas en los últimos 20 años. Fuente: País Circular, 25 de marzo de 2025.


“Tenemos datos empíricos que demuestran la reducción sostenida de los glaciares, no solo en el norte y centro del país, sino también en el sur”, informó el pasado sábado el Director General de Aguas (DGA), Rodrigo Sanhueza, durante un acto oficial por el Día Mundial del Agua, realizado en los glaciares Bello y Echaurren, en la Región Metropolitana.

El mensaje de Sanhueza está en línea con la alarma que han manifestado los científicos a nivel mundial, quienes han alertado que los glaciares se están derritiendo a una velocidad nunca antes vista, principalmente por el cambio climático, lo que conlleva al menos dos grandes problemas: reducción de las reservas de agua dulce, y riesgos de desastres por los caudales de deshielo.

El director de políticas públicas del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Alex Sánchez, explica que si bien el cambio climático es global y las emisiones de gases de efecto invernadero que lo provocan dependen principalmente de las grandes potencias, también hay actividades locales que tienen impacto en los glaciares y sobre las cuales se pueden tomar medidas. “Mucha de la actividad minera se realiza cerca de glaciares, con camiones que funcionan con combustibles fósiles, y con faenas que producen mucho levantamiento de polvo; todo ese material particulado se aloja en los glaciares y producen un fenómeno físico que acelera el derretimiento”.

“En la región de Valparaíso, donde está en centro académico que yo represento, es muy relevante la cuenca del Aconcagua, que nace principalmente del derretimiento de glaciares. Si no se reducen los efectos perniciosos de la industria, los glaciares desaparecen y no es posible recuperar esa masa glaciar; se va a producir un efecto de sequía en la región, lo que daña la agricultura, entonces es como dispararse en el pie no tomar las adecuadas medidas legislativas y de política pública para reconciliar la actividad económica con la sustentabilidad hídrica de las regiones en el largo plazo”, subraya el investigador de la PUCV.

En ese mismo sentido, la vicepresidenta de la ONG Fundación Glaciares Chilenos, Constanza Espinosa, señala que “estamos en un escenario en que seguimos con las mismas problemáticas de hace 10 o 5 años, y es que los glaciares del norte y centro del país no tienen ningún grado de protección, siguen a expensas de las mineras, que continúan generando proyectos y exploraciones en zonas donde hay glaciares, tanto descubiertos como rocosos. Por eso tenemos que mantener la mirada alerta y ser cautos, como ciudadanos y como organizaciones ambientales en general, sobre el daño que se hace constantemente a la naturaleza y, en este caso, a los glaciares”.

Espinosa apunta al impacto de la actividad industrial y, en ese sentido, recuerda uno de los casos más severos de afectación a glaciares por parte de una minera: el proyecto Pascua Lama, de la empresa Barrick Gold en la región de Atacama, que producto del polvo, contaminación y extracción directa de la nieve para explotar los minerales, causó la destrucción de más del 70% de los glaciares Toro I y Toro II. Esta faena fue cerrada por orden judicial en 2022, luego de años de litigios por incumplimientos ambientales que afectaron no solo al agua y glaciares, sino también flora y fauna.

Asimismo, menciona el proyecto de ampliación de Los Bronces Integrado, de la minera Anglo American, que afectaría a glaciares de la  zona andina de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. “Hay respaldo científico del impacto de las tronaduras, la construcción de caminos, el material particulado que se levanta. Entonces, la afectación directa a glaciares sigue pasando hoy, en 2025, y lamentablemente, a pesar de toda esa evidencia científica, no se ha logrado sacar el proyecto de ley”.

Tanto Sánchez como Espinosa aluden a la necesidad de contar con una ley de protección de glaciares, y recuerdan que en 20 años se han presentado 6 proyectos de ley al respecto, sin que ninguno haya terminado su tramitación en el Congreso. Actualmente hay 2 iniciativas en discusión, ambas ingresadas por moción parlamentaria en 2018.

Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente; Constanza Espinosa, vicepresidenta Fundación Glaciares Chilenos; Alex Sánchez, director de políticas públicas en el centro de Acción Climática PUCV.

“Las críticas son parte del debate democrático, pero los hechos hablan por sí solos. Seguiremos avanzando con la convicción de que proteger estos ecosistemas es proteger el futuro de Chile”.

Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente.

Avances

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, consultada por País Circular sobre la intención del Ejecutivo de retomar la tramitación de la ley de glaciares, señaló que “la discusión sobre una ley específica para los glaciares es un debate legítimo y necesario, sin embargo, es importante destacar que en los últimos años hemos logrado avances concretos mediante la aprobación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Ley de Delitos Medioambientales y la reforma al Código de Aguas, que han establecido mecanismos claros de protección para estos ecosistemas”.

De esas normas, la ministra señaló que la más relevante es la creación del SBAP, “que integrará a los glaciares dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto entregará a todos los glaciares ubicados dentro de áreas protegidas un marco regulatorio claro que garantice su conservación”.

Asimismo -añadió Maisa Rojas-, “con la reforma al Código de Aguas, promulgada en 2022, prohibimos la entrega de derechos de agua sobre glaciares, asegurando que estos ecosistemas sean preservados como reservas estratégicas de agua dulce para las generaciones presentes y futuras. Además, la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, publicada en 2023, establece sanciones penales para quienes dañen gravemente los glaciares”.

Constanza Espinosa sostiene que si bien el SBAP y la reforma al Código de Aguas son avances, no son suficientes para el cuidado de los glaciares. Valora la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero recuerda que no todos los glaciares están dentro de un área de esas características y también considera que “el área protegida no garantiza en su totalidad la protección”. Y en cuanto al Código de Aguas sostiene que “el hecho de que todavía las aguas puedan ser privadas, significa que estamos avanzando a pasos muy pequeños”.

“En el mejor de los casos  podría haber un patrocinio [a la ley de glaciares], pero va a ser meramente simbólico (…), no va a avanzar en la práctica, es muy poco probable, porque la agenda ya se acabó, y ahora el panorama electoral engulle toda la agenda legislativa”.

Alex Sánchez, director de políticas públicas del Centro de Acción Climática PUCV.

Año de la conservación

“Creemos que lamentablemente el medio ambiente a nivel del Gobierno y del Legislativo es más que nada utilitario. Una evidencia de esto es el hecho de que el monitoreo y estudio de los glaciares esté a cargo de la DGA, que es parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), es decir, se miden como volumen de agua, y no como servicios ecosistémicos a la biodiversidad y a la ciudadanía”, comenta Espinosa.

Es por esto que la vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos, considera que es necesario que se reanude la conversación sobre la ley de protección de glaciares y que haya otros compromisos por parte del gobierno este 2025, declarado por la ONU como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares.

Sobre este punto, la ministra Rojas dice que esta conmemoración “es una oportunidad histórica para reforzar la conciencia pública y la acción política en torno a la protección de estos ecosistemas”; y destaca la creación del “Día Nacional de los Glaciares, oficializado este año por el Presidente Gabriel Boric. A partir de ahora, cada 21 de marzo será una fecha para educar y sensibilizar sobre la importancia de estas reservas de agua dulce y el impacto que el cambio climático está generando sobre ellos”. La autoridad también mencionó que se está fortaleciendo el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad (SIMBIO), agregando datos actualizados sobre el estado de los glaciares en Chile, “algo vital para mejoran su monitoreo y fortalecer la toma de decisiones a través de la evidencia”.

La creación del Día Nacional de los Glaciares, que coincide con el recién creado Día Mundial de los Glaciares, fue una iniciativa de dos fundaciones, Plantae y Glaciares de Chile. La vicepresidenta de esta última ONG, formalizada en 2028, relata que sus principales objetivos son de educación, divulgación y protección de glaciares, y que por eso impulsaron la creación de un día especial a nivel nacional, que permita impulsar acciones locales.

Constanza Espinosa subraya que “en la Fundación siempre intentamos mantenernos positivos, porque si no fuera así no podríamos continuar con lo que hacemos, que tiene que ver con una convicción de proteger la naturaleza y educar al respecto. Los avances políticos y de legislación son lentos, son difíciles, pero hay muchas organizaciones, no solo la nuestra, que están impulsando estos temas; y este año de los glaciares queremos generar una coalición o una alianza para que abordemos juntos estos temas”.

La ambientalista agrega que en los más de seis años de existencia de la ONG han visto que el interés de la población por los glaciares ha ido aumentando, aunque aún falta bastante, y por eso también se enfocan en “nutrir a la ciudadanía sobre la importancia de los glaciares y su protección (…) Porque a pesar de todo lo nefasto del panorama actual, somos un país privilegiado y todavía tenemos más de 26 mil glaciares; aún tenemos mucho por hacer”.

“Creemos que lamentablemente el medio ambiente a nivel del Gobierno y del Legislativo es más que nada utilitario. Una evidencia de esto es el hecho de que el monitoreo y estudio de los glaciares esté a cargo de la DGA, que es parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), es decir, se miden como volumen de agua, y no como servicios ecosistémicos a la biodiversidad y a la ciudadanía”.

Constanza Espinosa, vicepresidenta de la Fundación Glaciares Chilenos.
Glaciar Pio XI, región de Magallanes. Fotografía: Adam Spencer.

Críticas

Alex Sánchez, de la PUCV y quien ha sido asesor parlamentario, también cuestiona el poco avance en la legislación en torno a los glaciares, tanto desde el Gobierno como del Congreso, y añade que tampoco ha habido progresos con otro proyectos en materia de aguas. “Por mencionar dos ejemplo, el gobierno tenía mucho entusiasmo al comienzo con la gestión integrada a nivel de cuencas, con la creación de organismos de cuenca para reunir a los distintos usuarios del agua a ponerse de acuerdo para una mejor gestión del agua (…) eso quedó a medio camino. Lo otro es un proyecto de eficiencia hídrica que está estancando en la Comisión de Hacienda del Senado, que busca mejorar el uso del agua considerando el escenario de escasez creciente”.

En relación a las iniciativas legales en trámite relativas a glaciares, el académico cuenta que para una de ellas (boletín N° 11876-12), el actual gobierno solicitó una consultoría para evaluar impactos y determinar su viabilidad, pero que no se tradujo en un movimiento legislativo; mientras la otra (boletín N° 11597-12), avanzó a su segundo trámite constitucional. Sánchez sostiene que hubo bastantes avances para conciliar distintos intereses, “es posible sacar la ley, y por eso no se explica por qué el gobierno actual no avanza con ninguno de los dos proyectos”.

El director de políticas públicas del Centro de Acción Climática de la PUCV ve muy poco probable que en los meses que quedan de la administración de Gabriel Boric se progrese en este tema, pues observa que la prioridad en materia ambiental es otra. “Lo que está ocurriendo en materia ambiental en el Congreso es que está avanzando a una velocidad impresionante, con discusión inmediata, el proyecto de ley de permisos sectoriales (…) que reduce bastante el estándar ambiental que por años ha regido en Chile, con la excusa de la ‘permisología’. La prioridad del gobierno es esaalcanzar a sacar esa ley en este periodo. Hay otro proyecto, de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que no creo que alcance a salir, y también está la reforma a la Superintendencia”.

“En el mejor de los casos  podría haber un patrocinio [a la ley de glaciares], pero va a ser meramente simbólico (…), no va a avanzar en la práctica, es muy poco probable, porque la agenda ya se acabó, y ahora el panorama electoral engulle toda la agenda legislativa”, comenta Alex Sánchez.

El investigador de la PUCV dice que si bien se pueden hacer otras cosas para preservar los glaciares, “sin una regulación más dura, por la forma de ser legalista que tiene nuestro país, es difícil realmente hacer algo un poco más en serio”.

Desde la Fundación Glaciares Chilenos coinciden en la urgencia de avanzar con las iniciativas que están en el Congreso. “Tenemos que enfocarnos en reactivar la discusión y hacer los ajustes necesarios (…) Un proyecto de ley que sea mejorable es mejor que nada porque, de hecho, luego de aprobarse hay que trabajar en su reglamento, y ahí se puede ‘hincar el diente’ a los detalles necesarios para que se ejecute bien la ley”, sostiene Constanza Espinosa y lamenta que el gobierno no haya dado señales de querer impulsar esta normativa.

La ministra Maisa Rojas responde a estas críticas diciendo que “entendemos que la ciudadanía exija acciones concretas en materia ambiental”, pero enfatiza lo alcanzado en protección de su naturaleza y biodiversidad, especialmente “la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) -que llevaba 13 años de discusión en el parlamento- la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, o la creación de Áreas Protegidas, donde somos el gobierno que más ha creado, con 36 en total”.

“Las críticas son parte del debate democrático, pero los hechos hablan por sí solos. Seguiremos avanzando con la convicción de que proteger estos ecosistemas es proteger el futuro de Chile”, subraya la titular de Medio Ambiente.


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