El informe cita tres instrumentos de la UE, cuya política en este asunto no pasa por obligar directamente al cierre de centrales o minas concretas, sino que establece requisitos cada vez más estrictos que obligan a los propietarios a acometer importantes inversiones si quieren seguir operando. Y todo ello en un sector en el que la inmensa mayoría de las centrales eléctricas de carbón tienen ya «más de 30 años», como resalta el estudio, y en el que la mecanización reduce drásticamente el empleo en las minas.
Entre los instrumentos que cita el informe como impulsores del fin del carbón en la UE están «los estrictos requisitos de emisiones para después de 2020» que obligan a hacer importantes inversiones en filtros descontaminantes. También, «los altos precios de las emisiones de CO2» que las centrales de carbón deben pagar. Y la previsible pérdida de los apoyos económicos que las plantas reciben, como los «pagos por capacidad».
Ante esta situación, el JRC advierte de que «se deben tomar medidas pronto para desarrollar oportunidades alternativas» para «mantener o aumentar el empleo» en las zonas afectadas. «Hay que planificar. Y parece evidente, pero no se ha hecho», lamenta Tatiana Nuño, de Greenpeace. «Hay que conocer los empleos emergentes», añade. Nuño recuerda el reciente informe de la OIT en el que se cuantificaba en 24 millones los puestos de trabajo que se pueden crear en el mundo con la aplicación del Acuerdo de París contra el cambio climático.
«El cambio es inexorable», resume Nieto. «Lo que hay que buscar es una transición justa». Y, según este miembro de la OIT, dos factores son fundamentales si se quiere una transición justa: que exista una completa protección social para aquellos afectados que estén al final de su vida laboral y que se creen alternativas para los que están empezando.
El informe del órgano asesor de la Comisión deja la puerta abierta a que alrededor del 13% de la capacidad actual de generar electricidad con carbón de Europa se mantenga gracias a futuras técnicas de captura y almacenaje de CO2. Pero las principales alternativas para las zonas afectadas por esta reconversión ambiental las fija en la instalación de renovables: solar, eólica e hidráulica.
SÁNCHEZ PROMETE UNA TRANSICIÓN «JUSTA» EN ESPAÑA PARA 5.400 PERSONAS
La gran reconversión en España —sobre todo en las minas— ya se ha producido desde los ochenta. A mediados de los noventa, por ejemplo, 30.000 personas trabajaban en las minas, frente a las 3.400 de las que habla el informe del JRC ahora. Otras 3.300 trabajan en las térmicas. Según las estimaciones del JRC, 5.400 empleos del sector se perderán en España. Pero el estudio señala que las zonas afectadas son las que tienen una mayor potencial de la UE en instalación de energía solar y eólica.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió ayer en Oviedo una transición “justa”. Y aseguró que la solución va a ser “dialogada” con los agentes económicos y sociales de Asturias, una comunidad muy afectada. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya en un plan de acción para las comarcas en las que de forma inminente se cerrarán las minas que no puedan operar sin ayudas públicas. Antes de que acabe el año se presentará una “estrategia de transición justa”. El plan pivotará sobre los llamados “contratos de transición” para los afectados, una figura ya empleada en Francia para el cierre de sus centrales.
El ministerio lamenta que la información que se ha encontrado del anterior Gobierno es “escasa, especialmente en el ámbito de las oportunidades”. A lo mismo se refiere Joaquín Nieto, de la OIT: “El Gobierno actual debe recuperar el tiempo perdido”.